Argentina ratificó este año un acuerdo crucial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que prohíbe los subsidios gubernamentales a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Esta medida fue impulsada por el país desde 2017, y su finalidad es nivelar el mercado a favor de los pescadores legales y reducir drásticamente la presión sobre el vulnerable ecosistema del Atlántico Sur. El acuerdo ataca el modelo de negocio de muchas flotas asiáticas, principalmente de China, Corea del Sur, Taiwán y otras europeas como España, que dependen de las ayudas estatales para operar de manera rentable. El experto en pesca ilegal en América Latina, Milko Schvartzman explicó que "Sin esos subsidios, muchas embarcaciones van a tener que operar a pérdida, y eso probablemente va a reducir la presión sobre el ecosistema marítimo".
La depredación en el Atlántico Sur tiene como principal objetivo el calamar Illex argentinus, la segunda especie más capturada del mundo. La extracción masiva de este recurso clave impacta directamente a toda la cadena trófica, afectando a especies como merluzas, cachalotes, delfines, pingüinos y lobos marinos. Según Schvartzman, la reducción de esta "flota depredadora" tendrá un "impacto positivo directo sobre todo el ecosistema".
Este pacto mundial no solo es una victoria ambiental, sino también una medida contra la competencia desleal. "Compiten de manera deslegítima con flotas que utilizan mano de obra esclava, no cumplen normas ambientales ni laborales, y encima reciben subsidios", detalló el experto. A pesar de este avance monumental, persisten importantes desafíos. La falta de un organismo de regulación y control en el Atlántico Sur dificulta la fiscalización efectiva. Además, problemas como el fraude en el etiquetado del pescado, donde casi el 40% de lo ofrecido en comercios argentinos no corresponde a la especie indicada, subrayan la necesidad de una mayor trazabilidad y conciencia por parte del consumidor.
Fuente: Noticias Ambientales, 15 de octubre del 2025.